Según la Asociación de Municipalidades Urbanas de Alberta (AUMA), el gobierno provincial no está haciendo lo suficiente para ayudar a los municipios con los costos de la legalización del cannabis. AUMA, representa a más de 260 ciudades, pueblos y aldeas en la provincia.
El cannabis será legal el 17 de octubre, por lo que la asociación considera que la legalización tendrá un impacto significativo en el costo de algunos servicios municipales, como la aplicación de leyes de conducción deterioradas, aplicación de reglamentos, administración y servicios de emergencia.
Asimismo, asegura que los municipios necesitan recibir una parte justa del impuesto al consumo de cannabis para compensar estos costos. Barry Morishita, alcalde de Brooks y presidente de AUMA, dice que sin eso, los propietarios podrían enfrentar mayores impuestos.
“No pedimos la legalización del cannabis. Esta es una ley federal y, posteriormente, una provincia que se ha incorporado y ha creado todas las reglas”, indicó Morishita el martes. “Ahora los municipios tienen que pagar por el resultado de esa actividad sin que se reembolsen los costos de compensación, y no debe estar en la columna vertebral de los propietarios”.
“No estamos tratando de ganar dinero con cannabis. Solo queremos que nuestros costos estén cubiertos equitativamente, y en este momento no hay indicios de que eso vaya a suceder” señala el alcalde.
Morishita explicó que todavía no está seguro de los costos exactos que los municipios enfrentarán debido a la legalización, pero de acuerdo con la Federación de Municipios Canadienses, será de entre $ 5 y $ 9 por residente cada año. La AUMA está trabajando en una herramienta para ayudar a los municipios a rastrear estos costos.
La ciudad de Edmonton estima que la legalización le costará a la ciudad $ 3.7 millones a $ 4.1 millones anuales en los primeros cinco años. Por su parte, el Servicio de Policía de Edmonton señala que sus costos podrían aumentar en $ 5-7 millones al año para hasta 30 nuevos agentes de policía.
La AUMA ha solicitado apoyo financiero, incluido el 70 por ciento del impuesto al consumo de cannabis que la provincia recibe del gobierno federal. También está pidiendo $ 30 millones en el presupuesto 2018-19 para ayudar con la transición a la legalización.
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