Para evitar que la crisis humanitaria en frontera con Venezuela llegue a los niveles visto en el 2015, cuando 1.532 colombianos fueron deportados del vecino país por orden del presidente Nicolás Maduro, las autoridades de Cúcuta exigieron que la comunidad internacional debe intervenir, para darles una ayuda que les permita atender al gran flujo de venezolanos que en los últimos meses ha desestabilizado la localidad.
Debido a esto, se llevó a cabo una reunión de emergencia entre funcionarios de la Alcaldía y delegados del Gobierno Nacional, para así analizar estrategias que les permitan manejar la cantidad de venezolanos que cruzan la frontera.
Asimismo, las medidas que aplicarán dichos emigrantes que acondicionaron albergues improvisados en canchas y parques de la capital nortesantandereana. Solo en el mes de diciembre, a diario hubo un flujo de entrada y salida por el puente Simón Bolívar de 35.000 personas.
Frente a este número tan elevado, algunas entidades indicaron que los instrumentos de atención no dan abasto para brindar una asistencia humanitaria, por lo que se evaluará la instalación de albergues.
Carlos Luna, director de la Cámara de Comercio de Cúcuta, expresó que “se ha hecho todo el acompañamiento necesario a las diferentes entidades del orden nacional para buscarle solución a un problema muy grande que definitivamente se salió de las manos como la migración que está desbordada. El llamado es para que la comunidad internacional nos ayude a atender esta situación que se salió de cualquier posibilidad de solución regional por la cantidad de personas que siguen llegando a diario”.
En el mes de diciembre, esta situación humanitaria se agravó por el incremento de personas que salieron del vecino país, ante las amenazas del presidente Maduro de un posible cierre del paso peatonal en frontera.
Las autoridades coincidieron por unanimidad, en que es necesario crear lugares de paso o albergues temporales, como los que anunció en un primer momento la Cancillería, pero que nunca se oficializaron. En este punto, los gremios económicos fueron enfáticos en insistir que estos perímetros humanitarios no se pueden convertir en campos para refugiados.
Estas zonas operarían de forma similar al hogar Divina Providencia, ubicado en Villa del Rosario. Allí, una comunidad católica acondicionó un lote baldío de 1.500 metros cuadrados para situar un comedor comunitario y repartir cerca de 2.000 almuerzos diarios.
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