Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, tomó la decisión de retirar la orden de detención internacional contra Carles Puigdemont y otros cinco líderes separatistas después de que Alemania decidiera extraditarlo, pero por el delito de malversación de fondos.
Llarena se niega de esta manera a que Puigdemont sea entregado solo por el delito de malversación de fondos y no por el delito más grave del que es acusado: rebelión. La medida se toma dos semanas después de que la justicia alemana haya dado su veredicto.
Como consecuencia de esta decisión, Carles Puigdemont y sus colaboradores podrán moverse con libertad por Europa pero no podrán regresar a España, pues la orden de detención por rebelión en ese país se mantiene.
Los otros colaboradores del exgobierno de Puigdemont sobre los que pesan acusaciones son: Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret quienes están radicados en Bélgica; Clara Ponsatí en Escocia y Marta Rovira quien, presuntamente, se encuentra en Suiza.
Puigdemont, Comín, Ponsatí y Rovira están acusados de rebelión mientras que Puig y Serret solo tienen acusaciones por desobediencia y malversación. En España, el delito de rebelión es penado con hasta 25 años de cárcel.
Oriol Junqueras (expresidente catalán), Joaquín Forn (exresponsable del interior) y Carme Forcadell (expresidenta del parlamento regional) se encuentran en prisión preventiva al ser acusados también de rebelión.
El abogado de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, declaró para AFP que “damos la bienvenida a estas noticias, pero de momento no tenemos confirmación oficial desde España”, añadiendo que “la orden nacional de arresto sigue vigente, lo que significa que Clara Ponsatí continúa en el exilio”.
Alemania autoriza la extradición del líder catalán Carles Puigdemont
