Fuentes judiciales argentinas confirmaron el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien es acusada por la venta por parte del Banco Central (BCRA), de contratos de futuros de dólar al final de su Gobierno.
La sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, integrada por los jueces MartÃÂn Irurzun y Eduardo Farah, además ratificaron el embargo por 15 millones de pesos, junto con los procesamientos de los otros 14 acusados, entre ellos el exministro de EconomÃÂa de la Nación y actual diputado nacional Axel Kicillof.
El Centro de Información Judicial (CIJ), publicó una resolución que apunta que hay “pruebas suficientes” para sostener que, en concreto, Fernández de Kirchner y Kicillof “tomaron parte central en la decisión de dar curso a la maniobra de defraudación contra el patrimonio del BCRA”.
La investigación abierta gracias a una denuncia realizada en octubre de 2015 por diputados del actual frente gobernante Cambiemos, señala que de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, ocasionaron pérdidas millonarias para el Banco Central de Argentina.
Los legisladores que para entonces eran opositores al mandato de Fernández de Kirchner sostuvieron que el Banco Central vendió contratos de dólar futuro por unos 16.000 millones de dólares “a sabiendas de que una mÃÂnima fluctuación negativa de la moneda nacional frente al dólar someterÃÂa a la autoridad monetaria a un riesgo sin precedentes”.
En mayo de este año, el juez Claudio BonadÃÂo dictó el procesamiento de los 14 acusados por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, asàcomo el embargo confirmado ahora, no obstante, a principios de septiembre, Fernández de Kirchner y el resto de los acusados apelaron la sentencia por escrito.
La expresidenta argentina resaltó que las ventas se trataron de una decisión “polÃÂtica” ajena al ámbito de lo justiciable y que ella no obtuvo “rédito personal” con esas operaciones. Sin embargo, la Cámara Federal consideró “notorio” que “la operatoria no fue una más en la práctica diaria del organismo” sino que “comprometió extraordinarias sumas de dinero del Estado”. La resolución señala que las responsabilidades penales “seguirán siendo materia de discusión”.
