El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, expulsó a un equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas dos días después de que el organismo publicara un informe crítico culpándolo por la represión violenta de las protestas de la oposición.
Un funcionario de derechos humanos de la ONU que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la situación, dijo el viernes que se le solicitó al equipo que abandonara el país. Asimismo, se esperaba una declaración oficial más tarde mientras el Consejo de Seguridad de la ONU discutirá la situación en Nicaragua el 5 de septiembre.
El informe divulgado el miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describió la represión que se extendió desde las calles hasta los tribunales, donde algunos manifestantes enfrentan acusaciones de terrorismo.
Más de 300 personas han muerto desde que comenzaron las protestas populares a mediados de abril, provocadas por los recortes en el sistema de seguridad social del país. Ortega revirtió los recortes, pero las demostraciones se expandieron rápidamente y se convirtieron en un llamado para que dimitiera.
En julio, el gobierno limpió por la fuerza los últimos bloqueos de carreteras levantados por los manifestantes que habían arruinado el tráfico del país. También retomó el último de los campus universitarios ocupados por estudiantes.
El informe de la ONU pidió al gobierno que detenga de inmediato la persecución de los manifestantes y desarme a los civiles enmascarados que han sido responsables de muchos de los asesinatos y las detenciones arbitrarias. También documentó casos de tortura y fuerza excesiva a través de entrevistas con víctimas y grupos locales de derechos humanos.
En respuesta, el gobierno dijo que el informe era parcial y no consideró que sus acciones ocurrieron en el contexto de lo que alega fue un intento fallido de golpe. Además, aseguró que el informe ignoró la violencia infligida contra los miembros de su partido sandinista.
Ortega ha llamado a los manifestantes “terroristas” que trabajan en coordinación con intereses nacionales y extranjeros que quieren que sea destituido de su cargo.
El gobierno también acusó al equipo de la ONU de sobrepasar su autoridad en violación de la soberanía de Nicaragua y señaló que la ONU no había sido invitada a evaluar la situación de los derechos humanos, sino a acompañar a una comisión que trabaja para poner fin a la crisis.
Un diálogo nacional destinado a encontrar una resolución finalmente se estancó, y Ortega acusó a los obispos católicos romanos que estaban mediando las conversaciones de trabajar con golpistas.
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