Ericka Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para América Latina, denunció este martes en la presentación de su informe que el régimen de Daniel Ortega ha ordenado ejecuciones extrajudiciales.
“Disparar a matar. Estrategia de represión de la protesta en Nicaragua” es el nombre de este informe que denuncia estos asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad y el uso de grupos paramilitares.
Amnistía Internacional denunció que existen claros indicios de que estas ejecuciones fueron ordenadas “desde las más altas esferas de las autoridades nicaragüenses” a lo largo de las jornadas de protesta en el país centroamericano.
Con respecto a los grupos paramilitares, Rosas-Guevara indicó que “han reprimido a la población con armas semiautomáticas y bajo el amparo de las fuerzas policiales”. El informe fue elaborado por una comisión de Amnistía Internacional que se desplazó hasta Nicaragua desde el 9 y hasta el 13 de mayo.
En el informe se considera que “no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales“.
Los expertos enviados por AI visitaron cuatro ciudades del país (Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí), entrevistaron a más de 30 afectados y estudiaron y documentaron 16 casos, 9 de ellos de personas fallecidas durante las protestas.
En el informe se indica que “la organización ha obtenido información a través de entrevistas, imágenes y videos que indica que la autoridad habría ejercido un uso indebido de la fuerza, a través del uso inadecuado de armas“.
Aunque en el estudio se indica que la cantidad de muertes durante los 24 días de protestas es de 51 personas, este martes al mediodía durante la rueda de prensa de presentación del informe se actualizó esa cifra hasta los 81 fallecidos.
Desde Amnistía Internacional realizaron una serie de recomendaciones al presidente Ortega que va desde garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pública hasta implementar medidas que detengan el uso de la fuerza.
