Stephane Perrault, candidato a jefe de la Oficina Electoral de Canadá, ha dicho que aunque los partidos políticos no pueden vender la información que obtienen de los votantes, en caso de que lo hicieran no habría formar de determinar si infringieron la ley.
En una comparecencia ante el Comité de Procedimientos y Asuntos de la Cámara de los Comunes, Perrault ha afirmado que ahora mismo los partidos políticos no están sujetos a obedecer las normas sobre privacidad establecidas para las empresas del sector privado en la Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos.
Los métodos de obtención de información incluyen campañas puerta a puerta, hasta suscripciones a boletines informativos a través de medios digitales. Legalmente no hay ningún tipo de impedimento para que esta información pueda ser vendida.
Legalmente ningún partido político puede vender información obtenida del registro de votantes, que incluye información como nombres y direcciones. Sin embargo, la información obtenida por otros medios no está sujeta a estas restricciones.
Atendiendo al hecho de que algún partido pueda vender información sobre sus electores, no podría determinarse de qué manera fue obtenida dicha información: si del registro de votantes o a través de medios propios.
Stephane Perrault ha dicho que “anteriormente ya recomendamos, y lo seguimos haciendo, que los partidos políticos deben estar obligados a cumplir con las normas básicas de privacidad”.
Los principales partidos políticos de Canadá tienen sus propias normas con respecto a la utilización de la información obtenida. El Partido Verde, Partido Liberal y el Partido Conservador han aclarado que no venden la información recopilada.
Aunque el Nuevo Partido Demócrata no tiene una política clara al respecto, un portavoz del mismo ha declarado a medios locales que no venden la información y que están en camino de actualizar sus políticas.
Actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de los Comunes el Proyecto C-76 o Proyecto de Modernización Electoral, que establece que todos los partidos políticos publiquen políticas de privacidad que puedan determinar y aclarar bajo qué circunstancias podrían vender o compartir información personal.
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