Las Comunidades indígenas en Brasil protestan para que se respete su derecho de demarcación de tierras, violentado por el actual Gobierno. El pasado mes de julio, el presidente de facto, Michel Temer, firmó un decreto de la Procuraduría General de la Unión (AGU, sigla en portugués) para exigir que se firme el Marco Temporal para la demarcación de las Tierras Indígenas (TI) en todos los organismos del Ejecutivo Federal.
Dicha medida tiene como objetivo, aprobar el desalojo de los grupos originarios que se encuentran fuera de los territorios demarcados antes del 5 de octubre de 1988.
Victoria Tauli-Corpuz , quien es la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó que “los indígenas vivieron en sus territorios desde siempre, desde sus ancestros hasta el presente. Colocar una línea de tiempo encima de ello para demarcar tierras es violar la Declaración”.
Asimismo, recalcó que los derechos de poblaciones indígenas, sus territorios y recursos naturales, todo lo que fue garantizado para ellos, lo que ellos usaron, ocuparon, y poseyeron desde siempre, es atemporal.
El proceso de demarcación de las TI pasa por la Funai (Fundação Nacional do Índio-Fundación Nacional del Indio), para que un antropólogo estudie las tierras y las identifique a través de un documento, que luego será aprobado por la Funai. Posteriormente, si no se demuestran o reclaman los vicios existentes en dicho informe; esto pasa al Ministerio de Justicia para que declare los límites de las tierras indígenas.
Para finaliza el procedimiento, se hace una demarcación física, la cual es aprobada por el presidente de la República y pasa a ser registrada. Esto, a pesar de que el 16 de agosto el Tribunal Supremo de Brasil favoreció los derechos de tierra de los grupos indígenas de Brasil, la demarcación de Guaíra, en el Oeste de Paraná, fue debatida, y la Justicia Federal decidió que el plazo para la conclusión del estudio es el 31 de diciembre de 2018.
