El Salvador enfrenta una gran controversia por la penalización a las mujeres que practican el aborto. Esto como consecuencia del caso de Evelyn Hernández, joven de 18 años que fue abusada sexualmente por un miembro de una pandilla y tuvo un aborto espontáneo.
La joven no sabía que producto del ataque había quedado embarazada, hasta que sintió dolores en el vientre y sufrió un fuerte sangrado quedando desmayada. Su madre la trasladó al centro de salud más cercano, en donde la arrestaron acusandola de homicidio agravado, en perjuicio de su hijo recién nacido.
La joven fue sentenciada a 30 años de prisión, ya que la juez encargada del caso, alega que Hernández no se dirigió a recibir atención prenatal. En consecuencia, una gran cantidad de mujeres han salido a las calles a exigir la legalización del aborto, basando su petición en numerosos casos de jóvenes que se encuentran en prisión debido a practicarse un aborto.
El abogado defensor de Hernández, Dennis Muñoz manifestó que “a Evelyn se le ha acusado injustamente. Toda la prueba es indiciaria, puro prejuicio de lo que debió haber hecho”. Asimismo, recalcó que la Fiscalía fundamenta su sentencia en una supuesta conducta encaminada a provocar el aborto.
El miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Alberto Romero, expresó que “la fragilidad del sistema judicial, que no da ningún tipo de garantías procesales y cómo se juzga en base a prejuicios y a la aplicación de estereotipos de género, del comportamiento que se supone debería tener una mujer”.
Otros países de Latinoamérica cuentan con leyes estrictas sobre el aborto, como Chile, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, quienes tienen prohibido abortar bajo cualquier tipo de circunstancia.
En El Salvador, los médicos deben informar a las autoridades sobre cualquier sospecha que se tenga sobre una mujer que podría haberse inducido un aborto. De no denunciarlos, los galenos podrían verse involucrados enfrentando condenas hasta de diez años de prisión.
