Un crimen ha sacudido a la población chilena y ha revivido el debate por la restitución de la pena de muerte, que fue prohibida hace 30 años. El asesinato de Sophia, una pequeña de tal solo 11 meses, despertó de nuevo la polémica sobre el tema.
A pesar de que la madre de la niña aseguró que la muerta era causa de impacto accidental, la investigación concluyó que el fallecimiento fue producto de los abusos y golpes de su padre.
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De igual forma, los informes médicos preliminares aseguran que existen lesiones previas con intervención de terceras personas. En la audiencia Francisco Ríos, recibió acusaciones de parricidio y violencia intrafamiliar, indicando que habría aplastándola y dañando seis de sus órganos.
El sujeto quedó en prisión preventiva, mientras la investigación continúa. Por su parte, la juez Teresa Mora, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, indicó que la pena de muerte está derogada en Chile, pero los tratados internacionales que impiden reinstaurarla plantean una excepción para países en los que sigue existiendo. “En el caso de Chile, como permanece vigente en el Código de Justicia Militar, se podría restablecer la pena de muerte”, puntualizó la magistrada.
Sobre #LeySophia apoyo aumento de penas, pero no el restablecimiento de la pena de muerte. El Estado debe impartir justicia, no venganza. Ésta es propia de la barbarie, no de sociedades civilizadas.
— Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) February 1, 2018
La brutalidad y el horror de este crimen despertó un gran malestar en la sociedad de Chile, al punto de iniciar un movimiento que busca un rigor en las penas a los que agredan a los menores de edad, a la que denominan “Ley Sophia”.
Rápidamente se difundió la idea de establecer la pena de muerte para estos delitos. La vocera de “Ley Sophia”, Silvana Tobar declaró, aspiran a una cadena perpetua efectiva y la pérdida de beneficios carcelarios. “Queremos que estas personas estén su condena completa en la cárcel sin ningún tipo de beneficios (…) también estamos optando por la castración química”, añadió.
Me duele ver lo ocurrido con Sophia. Basta de ese Chile que naturaliza la violencia. Urge que existan penas más duras, un Estado más presente , que acompañe, cuide y prevenga. Pelearé por los niños y niñas de Chile. #LeySophia pic.twitter.com/mUMMAnukP2
— Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) January 30, 2018
A pesar de esto, El exprecandidato presidencial y senador Manuel José Ossandón (derecha) reveló su indignación por el caso en Facebook y planteó que “con la pena de muerte, los niños no volverán, el daño no se reparará, pero al menos con nuestros impuestos no alimentaremos a estas bestias ni existirá riesgo de fuga alguna”.
Un grupo conformado por cinco diputados de la UDI (partido de la derecha conservadora alineado con Sebastián Piñera) pidió al presidente electo al asumir el Ejecutivo lleve a cabo un plebiscito para consultar el restablecimiento de la pena de muerte. “Hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados”, establece una carta que a su vez aclara, que la consulta debiera ser no vinculante y restringida a delitos extremos, crueles y sangrientos contra menores. El partido se desvincula de la moción y advierte que corresponde al interés personal de los parlamentarios.
#leysophia Rios tiene un historial de violencia, golpes salvajes propinados a mujeres, y la justicia NO hizo nada… este es uno de los últimos hechos de violencia en tribunales en junio de 2017, con el relato de la madre de la pareja de Rios quien indicó lo sgte a Carabineros: pic.twitter.com/F5JZ2dOj6m
— Maria Eugenia Mauro (@mary_mauro) January 30, 2018
Un país con 30 años sin pena de muerte
El 29 de enero de 1985 se ejecutaron las últimas dos personas en Chile como parte de una condena a pena de muerte. Fueron dos exfuncionarios de Carabineros Jorge Sagredo y Alberto Topp, declarados culpables por el asesinato de una decena de mujeres en el balneario de Viña del Mar en un caso que se conoció como el de los psicópatas de Viña.
Otro caso muy sonado fue el de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, de origen humilde y conocido como el Chacal de Nahueltoro, quien en 1960 asesinó a su pareja y los cinco hijos de ella. Mientras esperaba su ejecución, Valenzuela se acercó a la religión, aprendió un oficio y se arrepintió, pero no logró obtener un indulto del presidente Jorge Alessandri y fue fusilado en abril de 1963. La historia fue llevada al cine en 1969 y hasta hoy se utiliza para discutir sobre la rehabilitación y el arrepentimiento de criminales.
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Para civiles, la pena capital fue abolida en 2001 por el presidente Ricardo Lagos, que la sustituyó por el presidio perpetuo calificado, que establece que quien cumpla este castigo no puede optar a libertad condicional hasta que transcurran 40 años de privación de libertad efectiva. En la justicia militar, en tanto, sigue estando vigente durante tiempos de guerra.
