La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el informe del organismo en el cual incluyó la situación de Venezuela y sus efectos en la región. Entre los puntos destacados están las violaciones a los derechos humanos, libertad de prensa y una negativa de las autoridades para reconocer la crisis que enfrenta el país.
El informe fue solicitado por el organismo de Naciones Unidas. Bachelet lo presentó mientras un equipo técnico del Alto Comisionado de los Derechos Humanos realiza una visita in situ para verificar la situación venezolana.
Según Bachelet, “es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos cuestionó las condiciones en que se encuentran niños, mujeres embarazadas e indígenas que han sido afectados por la severa crisis hospitalaria en Venezuela.
Asimismo, destacó que “las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes. Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela- el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas, se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”.
Además expresó que “el apagón a nivel nacional ha exacerbado esta situación reduciendo el acceso de alimento y medicamento, afectando a los hospitales, la extensión del daño y las víctimas aún no se conoce. Un apagón tan largo demuestra los desafíos que enfrenta Venezuela”.
También resaltó que la escasez de agua y gas natural, así como el “colapso” del transporte también afecta a mucha gente y junto con la hiperinflación generan “condiciones severas”.
La Alta Comisionada, señaló que “aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
Dentro del informe, Bachelet señala que su equipo pudo constatar entre otros problemas: Denuncias de asesinatos durante la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), restricciones a libertad de expresión y prensa, deterioro del sistema de salud, aumento de la exclusión escolar, colapso de los servicios públicos y criminalización de la protesta pacífica de la oposición.
Respecto a la migración masiva de venezolanos, destacó que es “un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria”. Agradeció la respuesta de las naciones que han acogido a los migrantes y recalcó la necesidad de “que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos”.
