El Gobierno canadiense, preocupado por los cambios en la política de inmigración de los EE. UU., realizó una revisión de su acuerdo Safe Third Country, de enero a marzo de 2017 y considera que según su investigación, el país sigue siendo un lugar seguro para los solicitantes de asilo.
La revisión se produjo después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitiera una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración, incluida una destinada a reforzar la seguridad fronteriza para “poner fin al abuso de la libertad condicional y las disposiciones de asilo” que retrasan y complican la expulsión de inmigrantes indocumentados a los EE. UU.
La conclusión general a la que llegaron los funcionarios canadienses tras su investigación fue que Estados Unidos “sigue cumpliendo con los requisitos para ser designado como un tercer país seguro”.
El acuerdo Safe Third Country entre Canadá y los Estados Unidos, se basa en el principio básico de que las personas que buscan protección de refugiados deben presentar su solicitud en el primer país seguro al que llegan, a menos que reúnan los requisitos para alguna de las pocas excepciones.
El otro principio básico es que Canadá considera a los Estados Unidos como un país seguro para los refugiados. Por lo tanto, si un solicitante de asilo llega a Canadá en un cruce fronterizo oficial de los EE. UU. e intenta reclamar la protección de los refugiados, se les negará la entrada y se los alentará a reclamar en los EE. UU., el “país seguro” del que acaban de llegar.
Los requisitos para designar a un país como seguro son tres: cada país debe cumplir con la convención de las Naciones Unidas contra la tortura, la convención de la ONU sobre refugiados y debe mantener un buen historial de derechos humanos.
El gobierno canadiense ha enfrentado una creciente presión para suspender el acuerdo en los últimos meses, llamadas que se intensificaron durante el verano debido a la preocupación de que los niños migrantes en los Estados Unidos se separen de sus padres y se encuentren en centros de detención.
Finalmente, Trump revirtió esa política, pero sigue sin estar claro si los cambios en curso en los Estados Unidos han provocado nuevas revisiones internas del acuerdo Safe Third Country.
