El Senado y la Cámara de Brasil avalaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que el proceso de destitución de la presidenta suspendida Dilma Rousseff, iniciado el pasado 12 de mayo, “respeta la Constituciónâ€Â.
La certificación del Gobierno brasileño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, se realizó luego de que los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, solicitaran la suspensión del proceso contra la presidenta, cuya fase final inicia el 25 de agosto.
Ante la solicitud realizada por el PT, el Senado remitió el informe con las explicaciones sobre el proceso de destitución contra Rousseff, quien está suspendida de su cargo desde el pasado 12 de mayo.
El documento firmado por el abogado del Senado, Alberto Cascais, indica que el proceso cumplió todos los “preceptos constitucionales, legales y reglamentariosâ€Â, además subraya que no se puede “hablar de cualquier ilegalidad o inconstitucionalidad en los actos practicados†por los legisladores “elegidos por el pueblo†y “en el uso de su competencia asegurada por la Constituciónâ€Â.
El Congreso será quien tome la última palabra sobre el destino de Rousseff, cuando se inicie el capÃÂtulo final del proceso que podrÃÂa apartar a la madataria definitivamente de su cargo, si asàlo decide una mayorÃÂa calificada (54) de los 81 senadores.
La Cámara Alta escuchará por última vez a los testigos de las partes y el lunes 29 está previsto que la presidenta suspendida ejerza personalmente su defensa por primera vez desde que comenzó el juicio.
Si Rousseff termina siendo sustituida definitivamente, su vicepresidente, Michel Temer, concluirÃÂa el mandato que finaliza el 1 de enero de 2019, no obstante, si fuera absuelta recuperará el poder.