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Colombianos en el exterior ya están votando en la consulta anticorrupción

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Colombianos en el exterior ya están votando en la consulta anticorrupción

Miles de colombianos residentes en diferentes países del mundo, ya están votando en la consulta anticorrupción, una consulta popular, que pretende aprobar este 26 de agosto los siete mandatos anticorrupción.

Desde el 20 hasta el 26 de agosto, los colombianos que viven en el exterior y que desean participar en la Consulta Popular Anticorrupción, tienen la posibilidad de participar en la votación. Para ello, deben presentar la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas del Consulado de Colombia.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en total se instalaron 1.330 mesas en 235 centros de votación de 69 países del mundo. De los votantes, 446.422 son mujeres y 381.213 son hombres, según la Cancillería.

Los puestos de votación en los consulados estarán habilitados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., hora local, todos los días hasta el próximo 26 de agosto.

Bajo el lema “7 veces sí”, la campaña que promueve la consulta busca promover la participación ciudadana para lograr la aprobación de los mandatos. Más de 12 millones de colombianos deben votar este domingo para que la consulta anticorrupción sea válida.

No obstante, sus promotores aspiran a que sean más de 15 millones para enviar un mensaje contundente contra los corruptos y sus prácticas. Es la primera vez que Colombia utiliza la consulta popular nacional, una herramienta consagrada en su Constitución desde 1991.

¿Cuáles son los 7 mandatos que se esperan aprobar?

  1. Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  2. Evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan la posibilidad de reclusión especial mientras pagan su condena. Además, permitirle al Estado que pueda terminar los contratos de forma unilateral con estos o las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización o posibilidad de volver a contratar con el Estado.
  3. La obligatoriedad de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos tipo al momento de celebrar todo tipo de contratos.
  4. La obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados tengan la posibilidad de decidir sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.
  5. Que los Congresistas y demás corporados tengan la obligación de rendir cuentas anuales sobre su participación y gestión tanto de intereses públicos como particulares, por ejemplo, en gestiones realizadas para presentar candidatos a cargos públicos.
  6. Que todos los funcionarios que son elegidos por voto popular tengan la obligación de hacer público sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Y que dado el caso, se inicie de oficio las investigaciones penales correspondientes y aplicar extinción de dominio cuando haya lugar a ello.
  7. Establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales.

 

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