Este miércoles, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, declaró que el país se encuentra en quiebra, esto tiene como objetivo reformar la deuda que mantienen por más de US$70.000 millones.
La bancarrota puertorriqueña, sería el proceso más grande en la historia de las deudas de mercados locales que mantiene Estados Unidos. Actualmente, la isla pasa un una fuerte crisis económica, alcanzando un porcentaje del 45{85db668b0f501e45db51c03e911509520c47fa73ba3d2725b4a2b675de9388a7} de pobreza, más del doble del desempleo que presentan los ciudadanos estadounidenses y una baja población por la emigración al mencionado país.
Las autoridades de Puerto Rico, se refugian en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) para poder aplicarla a la crisis económica.
“Amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del gobierno de Puerto Rico a los acreedores, no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico”, anunció Roselló.
Una reestructuración de la creciente deuda, se evidencia en El Título III, al igual que en las normas de protección por bancarrota estadounidenses, pero la isla no puede acogerse a ésta última, ya que es un Estado Libre Asociado de los Estado Unidos.
La denominada Ley de Promesa, fue autorizada en el año 2016, para atender el llamado de Puerto Rico, quien ya había manifestado que no podía cancelar la deuda. En ese momento, los juicios y reclamos de los acreedores en contra del Gobierno de Roselló, eran constantes.
“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, puntualizó el gobernador.
