Alberta lanzará próximamente una ley diseñada para proteger a los pacientes del abuso sexual y la mala conducta. Las tres docenas de colegios reguladores de la provincia están trabajando entre bastidores para prepararse.
El proyecto de ley 21, que establece reglas consistentes para los grupos que regulan a los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, entra en vigencia el 1 de abril. “Creo que estas reformas están atrasadas”, dijo Lorian Hardcastle, profesor de derecho sanitario en la Universidad de Calgary.
“Antes de esto, las universidades podían disciplinar a los profesionales de la salud de la forma que consideraran adecuada para los delitos sexuales… y eso les quita esa discreción” señala Hardcastle.
El proyecto de ley establece sanciones obligatorias que deben imponer los colegios reguladores cuando los miembros son declarados culpables por un tribunal de audiencia. Por abuso sexual, a los profesionales de la salud se les revocará su licencia, y por mala conducta sexual, se enfrentarán a una suspensión.
La legislación elimina la opción de resolver estas inquietudes a través de la mediación. También refuerza los requisitos para los miembros del tribunal, incluida la capacitación en trauma y violencia sexual y el requisito de que al menos un miembro del panel tenga la misma identidad de género que el paciente.
“Ojalá signifique que los pacientes estarán protegidos de los profesionales de la salud que podrían inclinarse a abusar de ellos”, dijo Hardcastle. Las universidades también deberán publicar los nombres de los miembros declarados culpables de abuso sexual y conducta sexual indebida en sus sitios web por tiempo indefinido.
Todos los organismos reguladores de Alberta, que representan profesiones que van desde médicos y enfermeras hasta dentistas y psicólogos, han pasado los últimos meses reescribiendo sus estándares de práctica para cumplir con la nueva legislación.
Entre los trabajos que se están realizando, la universidad está cambiando las políticas de registro para cumplir con los nuevos requisitos, como los controles de antecedentes penales.
Una vez que el Proyecto de Ley 21 entre en vigencia a comienzos del próximo mes, Alberta se unirá a Ontario como las únicas provincias canadienses con estas protecciones legislativas vigentes.
