El sector judicial ha elaborado un proyecto con el propósito de ayudar a los albergues, cuyos ingresos no son suficientes para pagar honorarios de abogados y poder recibir servicios legales.
El Proyecto de Servicios Legales de Alberta Limited, como ha sido llamado el programa, incluye la participación de 43 abogados de toda la provincia, los cuales han estado de acuerdo al ofrecer lo que se conoce como “servicios desagregados” durante los próximos 18 meses.
El procedimiento que esperan brindar los abogados a sus clientes, es la posibilidad de ser contratados para manejar solo una parte del asunto legal, en vez de llevar a cabo todo el proceso del caso.
Uno de los organizadores del proyecto y miembro del Instituto Canadiense de investigación para el Derecho y la Familia, John Paul Boyd, declaró “la mayoría de los canadienses, incluidos los asalariados de ingresos medios, no pueden pagar un abogado y en parte, la razón de esto viene de la suposición de que un abogado va a manejar su caso de principio a fin y esto puede llegar a ser bastante costoso”.
El principio de ayudar a las personas de recursos limitados es una de las motivaciones, reafirmó Boyd, quien explicó que los servicios legales limitados pueden justificarse al concretar la preparación de documentos acerca del caso, o también podrían representar una comparecencia en la corte.
En la actualidad, la cantidad de personas que están adjudicadas por parte de los tribunales de familia de Canadá, es aproximadamente de un 80 por ciento. Un gran número de necesidades esperan ser atendidas y el programa tiene la expectativa de proveer parte de la ayuda legal requerida. “Es mejor brindar algunos servicios, que no proporcionarles ninguno” ratificó Boyd.
Los abogados involucrados recibirán una capacitación previa, la cual les dará herramientas y estrategias para asegurar que el enfoque del alcance limitado es el más indicado.
Por otra parte, en algunos cálculos legales y contexto social, el concepto del proyecto está siendo bien recibido, de hecho se estima una evaluación mediante encuestas a quienes serán partícipes del programa.
El asesor asistente de Calgary, Gabriel Chen, expresó: “mi esperanza es que cuando el proyecto haya terminado, los abogados que están en nuestra lista continúen proporcionando estos servicios”. Asimismo, explicó que el proyecto estará siendo financiado por la Fundación de Derecho Ontario.
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